Durante los últimos meses los gobernantes se han enfrascado en una lucha verbal contra los opositores (políticos) y los medios de comunicación social independientes; sobre temas diversos (transporte, salud, corrupción, seguridad), que han ocupado titulares viciosos y han generado distancias que en nada contribuyen a solucionar mediáticamente los mismos.
Para nadie es un secreto que los políticos tradicionales que se cobijan en nuestras democracias, utilizan toda clase de subterfugios para aferrarse a los poderes y no escatiman el mayor esfuerzo para lograr beneficios particulares en perjuicio de las grandes mayorías.
Los compromisos políticos siguen superando la capacidad profesional y es por ello que no crecemos como nación y no maduramos como personas. El egoísmo marcado en los tiempos de los fusiles (todo para los uniformados y sus civiles-serviles) no parece haber terminado y todo lo contrario, está más acentuado a pesar de que las experiencias vividas han sido determinantes.
Posiblemente la multiplicación de la penas a los menores, o los mayores de 75 años (también hay que revisarlas con el perdón de los defensores de los derechos humanos) no sean soluciones inmediatas ni permanentes sin embargo, pueden ser pasos muy en serio y firmes para llenar el vacío de seguridad y justicia de la sociedad panameña.
Algunos aspectos de las nuevas reformas penales acentúan sus baterías contra los comunicadores sociales responsables que jamás recibirán el O.K., de los delincuentes o corruptos para denunciar sus bribonadas y tendrán que rifárselas al dar a conocer una verdad que puede estar secuestrada en los tribunales de acuerdo al poder de los imputados (caso Viteri-Maxwell) (Pereira Burgos-La Prensa).
La libertad de expresión jamás debe ser instrumento de la sociedad para condicionar su comportamiento y menos los gobernantes decentes, privar a la población del derecho a buscar sin cortapisas o presiones la verdad absoluta.
Consideramos que las leyes no deben ser moldeadas, en el caso que nos ocupa, para proteger a los corruptos o beneficiar a los que delinquen y luego acusar de espías a profesionales que tiene el deber de buscar la sinceridad de los elementos penales a consecuencia de su propia vida inclusive.
Limitar, condicionar, cuestionar o cercenar el derecho que tiene el pueblo a documentarse y al profesional honesto a facilitarla, sería funesto e inadmisible para un país que se dice ser signatario de tratados sobre estos temas en donde los deberes y derechos han sido consignados con ejemplares grados de competencia y responsabilidad.
No podemos aceptar que los políticos corruptos permanezcan amparados por los períodos constitucionales y reforzar a su regreso las conductas antipatria, lesionando gravemente los sagrados intereses de la nación.
La transparencia pública debe ser un compromiso de estado y es un deber del gobernante honesto, serio y con carácter, velar por su fiel cumplimiento. La libertad de expresión no debe ser quiera y todos debemos cuidarla, abonarla y promoverla con respeto y dignidad para que su ejemplo fluya al costo que sea necesario de uno a otro confín de la patria panameña.
